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Santo Domingo. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió este viernes un auto de no ha lugar a favor del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, del exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, en el marco del proceso judicial conocido como caso Calamar.
En contraste, la jueza Altagracia Ramírez ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, al considerar que los cargos presentados por el Ministerio Público deben ser conocidos en una fase de fondo, donde un tribunal determinará la responsabilidad penal o la inocencia de los imputados.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Picciril.
La decisión fue dada a conocer durante la lectura del fallo correspondiente a la audiencia preliminar, etapa procesal en la que el tribunal evalúa si existen elementos de prueba suficientes para sustentar la apertura de un juicio de fondo.
El Ministerio Público acusa a los involucrados de integrar una presunta estructura que habría gestionado pagos irregulares con fondos públicos, en un expediente que las autoridades han calificado como uno de los casos de presunta corrupción administrativa más relevantes de los últimos años.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados habrían integrado una estructura que presuntamente desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares vinculados a expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. Las autoridades sostienen además que parte de los recursos obtenidos habrían sido utilizados para el pago de sobornos y el presunto financiamiento de la campaña electoral de 2020.
Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público presentó 1,770 elementos de prueba para sustentar la acusación contra 43 imputados, entre ellos 34 personas físicas y varias empresas. El órgano acusador también sostiene que las acciones investigadas habrían afectado a más de 500 víctimas.
Con esta resolución concluye una etapa crucial del proceso. Mientras Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Daniel Guerrero Mena quedan excluidos del expediente por decisión del tribunal, los demás acusados deberán enfrentar un juicio de fondo, donde serán debatidas las pruebas y los argumentos de las partes.
